QUINTO INFORME: El Paraná en venta: cómo avanza la extranjerización de la tierra en Misiones, Corrientes y Entre Ríos

 Por Pablo Volkind, Matías Oberlin Molina, Julieta Caggiano, Gabriela Elias, Micaela Medero Larrosa, Maia Sol Ilutovich y Thomás Artopoulos

Mientras el oficialismo busca aprobar en el Senado, el próximo 6 de agosto, el proyecto que denominaron “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que elimina -entre otros aspectos-, los límites a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros, los datos oficiales que analizamos y difundimos, muestran que el proceso de extranjerización ya golpea con fuerza a un corredor estratégico del país: la cuenca del río Paraná. Misiones, Corrientes y Entre Ríos —las tres provincias que se despliegan a lo largo de ese río, desde la Triple Frontera hasta el Delta— concentran algunos de los departamentos más comprometidos del país en materia de propiedad extranjera de la tierra.

Misiones: la selva, el Paraná y el capital chileno

Misiones es la provincia más extranjerizada de la región: el 11,29% de su territorio —más de 325.750 hectáreas— está en manos de capitales extranjeros. A diferencia de otras provincias, donde la propiedad extranjera se reparte entre varias nacionalidades, en Misiones existe un claro predominio del chileno que controla prácticamente ocho de cada diez hectáreas extranjerizadas de la provincia.

Ese dato coincide con una empresa  puntual: la firma forestal chilena Arauco, que a través de distintas sociedades vinculadas —entre ellas Alto Paraná S.A.— es propietaria de más de 240.000 hectáreas en Misiones, lo que la convierte en uno de los mayores propietarios privados de tierra del país. Su negocio son las plantaciones forestales de pino y eucalipto para la producción de celulosa, un modelo de monocultivo a gran escala que desplaza la producción diversificada y el arraigo de los pequeños productores misioneros.

No es casual dónde se concentra esa presencia. Los siete departamentos misioneros que tienen frente sobre el río Paraná —Posadas (Capital), Candelaria, San Ignacio, Libertador General San Martín, Montecarlo, Eldorado e Iguazú— son, con la excepción de la propia Capital, los que exhiben los porcentajes de extranjerización más altos de toda la provincia: Iguazú encabeza el ranking con casi el 40% de su superficie rural en manos extranjeras (114.400 hectáreas), seguido por Montecarlo (18,4%), General San Martín (16,8%) y Eldorado (16,2%), los cuatro con fuerte presencia de capital chileno. El corredor forestal sobre el Paraná es, en los hechos, el corredor de la extranjerización misionera. Justamente el intendente de Puerto Libertad, ubicado en el departamento de Iguazú, afirmó que la localidad “es una prueba viva de que la extranjerización de la tierra trae complejidades para el desarrollo de los pueblos”. Al respecto, enfatizó que alrededor del 80% de las tierras útiles del municipio pertenecen a una sola empresa, situación que dificulta el crecimiento urbano y la planificación de nuevas obras. Una perspectiva similar comparten otros 20 intendentes de la provincia. 

Esta preocupación no es solo de un sector de la dirigencia política: un comunicado conjunto firmado por más de 30 organizaciones sociales, gremiales, productivas y políticas de Misiones —entre ellas APAM, la Federación Nacional Campesina, la CTA Autónoma, ATE, el MTE, la UTT, el MCL y varios partidos y frentes provinciales— rechazó públicamente el proyecto y aportó dos datos que confirman el diagnóstico: en la provincia, tres empresas concentran más del 20% de la tierra rural, y el 14% de las mejores tierras productivas misioneras ya pertenece a capitales extranjeros.

El resto de los departamentos misioneros, aunque con porcentajes menores, también muestra el mismo patrón. General Belgrano (11,1%) y San Pedro (9%), ambos con fuerte presencia chilena y alemana, completan el podio detrás de los cuatro departamentos del corredor del Paraná. En contraste, San Ignacio (9%) y la propia Capital (6,4%) combinan capital chileno con una porción menor de otras procedencias.

Corrientes: capital estadounidense, holandés y chileno sobre el arroz y la forestación

En Corrientes, la extranjerización alcanza el 7,63% de la superficie provincial, unas 554.000 hectáreas. A diferencia de Misiones, aquí el capital extranjero está más diversificado: el estadounidense lidera con más de 122.000 hectáreas, seguido por el chileno (95.400 hectáreas), el holandés (72.000 hectáreas) y el luxemburgués (69.400 hectáreas). Este último dato merece un comentario aparte: Luxemburgo es uno de los llamados “paraísos fiscales”, un país de apenas 660.000 habitantes cuya legislación favorece la radicación de sociedades pantalla y vehículos de inversión con baja o nula tributación. Que casi 70.000 hectáreas correntinas figuren bajo titularidad “luxemburguesa” —concentradas en los departamentos arroceros de Goya (39.600 hectáreas), Esquina (23.800 hectáreas) y Curuzú Cuatiá (6.100 hectáreas)— no necesariamente identifica al verdadero dueño de esa tierra, sino a una estructura societaria diseñada, entre otras cosas, para dificultar ese rastreo.

Los departamentos correntinos con mayor extranjerización son Ituzaingó, con casi el 34% de su superficie (93.850 hectáreas) en manos extranjeras —allí el capital holandés controla por sí solo más del 18% del departamento (50.550 hectáreas), y el estadounidense otro 8% (22.280 hectáreas)—, y Berón de Astrada, con un 32,7% (23.325 hectáreas), de fuerte presencia española. Les siguen Santo Tomé (14%), donde domina un fuerte bloque de capital chileno de 78.000 hectáreas —vinculado, igual que en Misiones, al negocio forestal—, Concepción (13,5%) y San Miguel (11,4%).

El peso del capital estadounidense en Corrientes no es un dato menor: coincide con la expansión de la agricultura de gran escala orientada al arroz, un cultivo en el que grandes fondos de inversión con capitales de Estados Unidos vienen consolidando una posición dominante sobre miles de hectáreas en el centro-oeste de la provincia, en muchos casos sobre humedales y zonas cercanas al Iberá. El caso más marcado es Mercedes, donde el capital estadounidense por sí solo suma más de 47.500 hectáreas, seguido por Curuzú Cuatiá (16.300) y San Miguel (16.700).

De los 24 departamentos correntinos, al menos ocho tienen frente sobre el río Paraná: Ituzaingó, Itatí, San Cosme, Capital, Empedrado, Bella Vista, Goya, Lavalle y Esquina. Varios de ellos —empezando por Ituzaingó, el más extranjerizado de la provincia— están directamente sobre la ribera del río.

Entre Ríos: entre el Paraná y el Uruguay, un mosaico de capitales europeos

Entre Ríos, la provincia mesopotámica más austral de las tres, tiene un nivel de extranjerización menor pero no despreciable: 3,23% de su territorio, unas 247.000 hectáreas. Allí el capital extranjero está repartido entre varias nacionalidades europeas y regionales: el uruguayo encabeza el ranking con más de 44.000 hectáreas, seguido por el italiano (40.700 hectáreas), el holandés (36.000 hectáreas), el español (34.600 hectáreas) y el francés (28.500 hectáreas).

Los departamentos con mayor extranjerización son La Paz (8,76%) y Gualeguay (8,57%), ambos sobre la cuenca del Paraná, seguidos por Concordia (5,68%) y Federal (3,78%), sobre el río Uruguay. De los 17 departamentos entrerrianos, seis tienen frente sobre el río Paraná: La Paz, Diamante, Paraná (Capital), Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy —esta última, además, en pleno Delta—, mientras que Concordia, Federación, Colón, Gualeguaychú, San Salvador y Villaguay dan al río Uruguay.

El mapa de nacionalidades entrerriano también tiene su propia lógica territorial: en Concordia predomina el capital alemán (3.220 hectáreas sobre un total de 5.680), en Federal el italiano (más de 3.050 hectáreas sobre 3.780) y en La Paz y Gualeguay —los dos departamentos más extranjerizados— se reparten capitales holandeses, españoles y uruguayos, estos últimos históricamente vinculados a la compra de campos linderos con la frontera este de la provincia.

Juan Echeverría, exdirigente de la Federación Agraria Argentina e integrante de Bases Federadas, oriundo de Hernandarias (Entre Ríos), describió el mecanismo de desplazamiento que ya opera en su zona: “Los pools de siembra y los grandes actores financieros que hacen extractivismo con la agricultura van desplazando al pequeño productor de los campos que tienen alquilados. Hoy se está pagando en mi zona seis quintales fijos por alquilar un campo por un año y ya aparecen pools locales ofreciendo diez quintales”.

Uno de los principales argumentos con los que el oficialismo defiende el proyecto es, precisamente, que la apertura sin límites a la compra extranjera elevaría el valor de la tierra, en beneficio de sus propietarios. Así lo planteó el senador nacional Joaquín Benegas Lynch, para quien un campo que hoy vale 2.000 o 3.000 dólares la hectárea podría pasar a valer 6.000 o 7.000 si se elimina el tope a la demanda extranjera. La contracara de este argumento radica en que el aumento generalizado del precio de la tierra no es una buena noticia para quienes no tienen tierra propia, sino que la alquilan o dependen de ella para producir. Cuanto más sube el valor del campo, más suben también los alquileres y más difícil se vuelve competir con los capitales extranjeros y los grandes grupos locales concentrados que pueden pagar precios que ningún productor familiar puede igualar. Es exactamente la dinámica que describe Echeverría con los pools de siembra en Entre Ríos, y que en Misiones tiene un capítulo propio: la presión sobre los pequeños productores de yerba mate, ya golpeados por la desregulación del mercado yerbatero que impuso el gobierno de Milei, que ante campos cada vez más caros y una competencia que no pueden afrontar quedan en un lugar cada vez más débil frente al avance forestal de gran escala. Lo mismo ocurre con los pequeños campesinos de Corrientes y Entre Ríos donde terminan expulsando a quien no puede pagar el nuevo precio, mientras beneficia a quien ya concentra la escala suficiente para vender o para comprar más.

Un mismo corredor y un problema común de soberanía 

Lo que muestran estos datos es que la extranjerización de la tierra en la Mesopotamia argentina no se distribuye al azar: se concentra, con matices propios en cada provincia, sobre el corredor del río Paraná —una vía navegable estratégica, con acceso a mercados de exportación, recursos forestales e hídricos. Si el proyecto que impulsa el Gobierno nacional avanza, nada impediría que ese proceso, que ya es intenso en departamentos como Iguazú, Ituzaingó, La Paz o Gualeguay, se profundice sin ningún techo legal y perdamos  un recurso fundamental para nuestro desarrollo soberano.

A su vez, el corredor del Paraná no se agota en estas tres provincias. Un poco más al sur, en Garay, departamento santafesino también ribereño, la extranjerización alcanza el 16% de su superficie, unas 61.629,59 hectáreas. De ese total, 58.220,84 hectáreas —prácticamente la totalidad— están en manos de capital estadounidense, un dato que confirma que el fenómeno excede a la Mesopotamia y se repite, con la misma lógica, a lo largo de toda la cuenca del río.

Frente a este panorama, instituciones académicas y organizaciones sociales, gremiales, campesinas y ambientales de todo el país convocamos a movilizarnos el próximo 6 de agosto al Congreso Nacional, fecha en que el Senado tratará el proyecto. El objetivo es frenar en la calle lo que se discute en el recinto, y exigir a los legisladores que rechacen una iniciativa que, como muestran los datos de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y también de Garay, ya viene entregando pedazo a pedazo el territorio nacional. La tierra y el territorio no se venden, se defienden.