Observatorio de Tierras (PRIHA-FCE-UBA)
El pasado 6 de agosto el gobierno nacional sufrió la primera derrota importante desde el triunfo en las elecciones de medio término. La sociedad entera, a través de la combinación de elementos que a simple vista parecieran dispersos (como un proceso de discusión y organización que duró meses en una lógica -para algunos inesperada- de la periferia al centro o la selección nacional levantando una bandera de Malvinas en la semifinal con Inglaterra), le puso un límite al proyecto de extranjerización de tierras presentado por Federico Sturzenegger. La ley bautizada con el nombre de fantasía de “inviolabilidad de la propiedad privada” pasó a la Cámara de Diputados amputada de tres de sus capítulos más importantes: tierras, fuego y barrios populares. Aún quedan en pie dos capítulos profundamente destructivos para nuestra sociedad: el capítulo que acelera los desalojos urbanos y rurales y el capítulo que erosiona las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de un bien. Respecto a este último aspecto, en nuestro sexto informe señalábamos el caso de una propiedad de la compañía de Tierras Sud Argentina que aportaba el equivalente a tres sachets de leche al fisco neuquino por una propiedad de casi 200 hectáreas ubicada sobre un río a la salida de una represa en el departamento de Lácar. Una propiedad que -de pasar el proyecto de Sturzenegger- su valor ascendería a cifras astronómicas y se volvería inaccesible para cualquier Estado provincial o incluso el nacional.
Sin embargo, a pesar de la derrota del gobierno, en los días siguientes observamos cómo se recrudeció la represión sobre las comunidades rurales de nuestro país: Salta, Misiones, Neuquén aparecen como tres fotografías que podrían parecer aisladas si no se las leen en términos nacionales. Con el consenso roto pareciera que la única alternativa que se vislumbra en el horizonte de quienes ejercen el poder es recrudecer la coerción.
En esta coyuntura particular, desde el Observatorio de Tierras (PRIHA-FCE-UBA) decidimos incorporar una nueva dimensión al análisis que sintetiza nuestro mapa. Una nueva capa que trae aparejado un desafío metodológico: si hasta ahora todas las variables que publicamos estaban construidas con información oficial, en esta oportunidad presentamos una capa que se construyó de abajo hacia arriba. Distintas organizaciones de todo el país han acercado la información para que hoy podamos presentar la capa de conflictos territoriales (*).
Si bien es una primera prueba piloto, ya cumple el objetivo que nos propusimos: dar cuenta de que el conflicto por el territorio es un problema federal. Las fotografías de los distintos conflictos que seguimos durante estos días apenas muestran la punta del iceberg de un proceso que hunde sus raíces en nuestra historia y que se despliega a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. Si bien cada caso puede resultar un fragmento, una pieza aislada de un rompecabezas, este tipo de ejercicios nos permiten ofrecer una visión y una lectura de conjunto que aporta al análisis y la comprensión de una problemática que atraviesa gran parte del país y permite seguir avanzando en la recuperación de la historia y el presente de los mayorías populares de la Argentina. Antonio Gramsci señalaba que “la historia de los grupos sociales subalternos es necesariamente disgregada y episódica (...) Por eso todo indicio de iniciativa autónoma de los grupos subalternos tiene que ser de inestimable valor para el historiador integral; de ello se desprende que una historia así no puede tratarse más que monográficamente, y que cada monografía exige un cúmulo grandísimo de materiales a menudo difíciles de encontrar”. Consideramos que el esfuerzo “grandísimo” por juntar estos fragmentos que se nos presentan como aparentemente desconectados es una tarea fundamental para comprender lo sistémico del problema.
En sólo unos pocos días pudimos reunir registros de más de 50 conflictos territoriales que involucran a comunidades indígenas (y en varios casos a familias campesinas y criollas vecinas) distribuidos en 8 provincias argentinas. La mayoría de los casos se encuentran en curso y responden a causas recurrentes: avance de proyectos extractivos (litio y minería metalífera), expansión de la frontera agropecuaria y forestal, desmontes, disputas de titularidad por falta de relevamiento territorial (Ley 26.160), y presión inmobiliaria/urbana sobre tierras comunitarias.
El Noroeste Argentino constituye la región que concentra el mayor volumen de casos. Allí coexisten conflictos de origen extractivo (litio, minería) en la puna catamarqueña y jujeña, con conflictos de origen agroganadero (desmonte, extranjerización de tierras, ganadería intensiva) en las llanuras de Santiago del Estero y el sur salteño. En la provincia de Catamarca (donde pudimos informar 9 casos), el eje dominante es la minería del litio en el Salar del Hombre Muerto (Río Tinto/ex Livent) y en Fiambalá (Zijin Mining, de origen chino), con denuncias de desvío de cursos de agua, derrames y afectación de sitios ancestrales. En el departamento de Belén, tres comunidades diaguitas (Peñas Negras, Corral Blanco, Laguna Blanca) enfrentan simultáneamente a empresas mineras (Elevado Gold, Loro Piana) y a familias terratenientes históricas, en disputas que combinan extractivismo, falta de titulación y ausencia de servicios básicos. A esto se suman dos casos urbanos en la capital provincial (Barrio Mi Gauchito, Loteo Parque Sur) generados por obra pública y loteos, y un conflicto ambiental por un feedlot en Ancasti. En Jujuy, la Comunidad Las Capillas (pueblo Ocloya) resiste las presiones de una minera de uranio que además impulsó una causa penal por usurpación contra ella. Por otro lado, existe un conflicto en Humahuaca originado por un error catastral de la Dirección de Inmuebles provincial. En Salta, predomina el reclamo por desalojos posteriores a la derogación/reinterpretación judicial de la Ley 26.160 (que suspende desalojos de comunidades indígenas), la venta de tierras a terceros estando comunidades diaguitas asentadas dentro de esos predios, y un histórico conflicto por desmonte agroindustrial en Tartagal (Desdelsur SA). En la misma región, los conflictos en Santiago del Estero giran en torno al 
El Noreste de la Argentina es otra de las zonas que registra un muy elevado número de conflictos en torno a la tierra. En el Chaco los casos relevantes de conflictos son los que hacen a la titularización de los territorios originarios en la provincia, son grandes territorios donde viven las comunidades sin reconocimiento, hoy son mayoritariamente tierras fiscales en peligro ante el avance del RIGI o RINI, megaproyectos de capitales extranjeros que buscaron apropiarse de las mismas. La Reserva Grande de 320.000 hectáreas judicializada sin título de propiedad, de las comunidades qom, wichi y moqoit. El Interfluvio Wichi territorio de la comunidad wichi sobre tierras fiscales provinciales, entre el río Teuco y Bermejito, no reconocido por los gobiernos. El ex Ingenio Las Palmas, 80.000 hectáreas fiscales nacionales en manos de la AAVE donde viven las comunidades qom y criollos pobres en dura lucha con los terratenientes que varias veces enfrentaron a las familias. La reserva de 10.000 hectáreas de Miraflores (territorio qom) hoy usurpado por el ejido municipal y por particulares criollos que recibieron título de propiedad, hoy quieren desalojar, la pelea continua por su recuperación y titularización, que fue lograda en parte gracias a la unidad y la lucha. La reserva de 2000 hectáreas del paraje 10 de Mayo Pampa del Indio ocupada por la FIDUC, empresa que fue titularizada por el Estado sobre reserva. Los lotes del Territorio Moqoit de 2700 hectáreas en el Pastoril usurpado por ocupaciones criollas y sin título de propiedad. Los cementerios indígenas en tierras privadas, como el Lote 39 en Pampa del Indio propensos a desalojo. Campo Winter, lote recuperado por la comunidad qom de San Martín para producir, hoy judicializado. Las tierras de la Juan Penko en Makalle, 20 familias de campesinos criollos que viven desde 1960 en sus tierras y el Estado las vendió con las familias dentro, años de resistir los desalojos. Otra es la situación de Misiones donde el eje del problema es la expansión forestal y agroindustrial sobre territorio Mbya Guaraní y de familias campesinas. Allí las empresas como Arauco (de capitales chilenos) avanzan sobre territorios indígenas y no dudan en concretar desalojos, quemas de viviendas y de cultivos.
En el caso de Río Negro y fundamentalmente Neuquén, los desalojos se materializaron luego de la media sanción de la llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, como si ese indicio hubiese operado como la luz verde en una carrera desenfrenada por acaparar ese territorio ancestral. En el caso de Neuquén, el conflicto se produjo en el Lote Pastoril 42, ubicado en El Pedregoso / Paso Coihue (Villa La Angostura), sobre la margen norte del lago Nahuel Huapi, que tiene una superficie aproximada de 625 hectáreas. En ese lugar habitan las comunidades Lof Kinxikew y Lof Melo. En 2023, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dictó la Resolución 332/23, mediante la cual dio por cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral y reconoció la ocupación actual, tradicional y pública de la Lof Kinxikew sobre una superficie georreferenciada incorporada al expediente, con cartografía, croquis e informes históricos y antropológicos. Sin embargo, este reconocimiento administrativo no implicó la entrega de un título de propiedad comunitaria ni resolvió la situación dominial del predio. En paralelo, ese mismo año la Cámara de Apelaciones confirmó una sentencia judicial que ordenaba restituir el inmueble a María Cristina Broers, heredera de una familia de origen belga que supuestamente compró las tierras durante la dictadura encabezada por Onganía. A partir de ahí, la disputa siguió sin resolverse y el 19 de agosto de 2026 se intentó ejecutar el desalojo mediante un operativo con fuerte participación de fuerzas de seguridad. La defensa de las comunidades denunció irregularidades y solicitó la nulidad del procedimiento. En Río Negro, los conflictos estuvieron motivados por factores similares, particularmente en zonas de alto valor turístico e inmobiliario (El Bolsón/Bariloche). En más de una oportunidad, la disputa es con capitales extranjeros que operan desde afuera para apropiarse de zonas estratégicas.
Las fotografías de los diversos desalojos en zonas rurales en las últimas semanas aparecen como cuadros de un largometraje de largo aliento. Una película con una trama clara y contundente: la discusión en torno a la tierra en nuestro país -su acceso, su uso, su propiedad, su cuidado, su mercantilización y su acaparamiento- es un problema urgente.
(*) Organizaciones que contribuyeron con la construcción de esta primera versión de la base de datos: MOCASE Vía Campesina, Federación Nacional Campesina, LATFEM, Fundación de Desarrollo Humano Integral, Revista Crisis, Movimiento Pedagógico de Liberación, MOCASE Línea Fundadora, entre otras.
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